Por: María del Rosario Vázquez Piñeros
La serie Matarife, dirigida por Daniel Mendoza, saca a relucir las presuntas conexiones de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como los nexos con el delito de varios de sus parientes, funcionarios, protegidos y amigos. Ante lo espeluznante que resultan estos hechos, quedan de lado otros aspectos relacionados con su proceder en asuntos económicos y de política social. Decir de Uribe que es neoliberal, es poco. En realidad, es un acérrimo defensor de la acumulación de riqueza por parte del gran capital nacional e internacional a costa de los intereses del país y los derechos de los colombianos.
Por ejemplo, Uribe fue ponente, en el Senado, de la Ley 100 de 1993. El sistema financiero le tiene que estar, y con razón, eternamente agradecido. Su ministro de Hacienda, Carrasquilla, subió la edad de pensión y eliminó la mesada 14; mientras aprobaba 16 sueldos para él mismo y sus amigos. Además, Uribe, bajo su administración, aprobó la ley 797 de 2003, que estableció un inusitado plazo de diez años, antes de cumplir la edad de pensión, para poder hacer un cambio de régimen. Con esta vil argucia, las personas afiliadas ilegalmente a una AFP, quedaron atrapadas.
Ahora que se discute en el Congreso el proyecto de Ley 050 de 2019, para un cambio de régimen pensional, presentado por el representante del partido Conservador, Juan Carlos Wills, el Centro Democrático cerró filas en la Cámara para impedir su aprobación. Era de esperarse. Miembros de otras bancadas acompañaron en la Cámara al CD, para decepción de sus votantes, como es el caso de Juanita Gobertus, a quien muchos de sus antiguos seguidores no le perdonan esta traición. Y no es para menos. Porque recordemos que las personas engañadas por las AFP quedan sin el mínimo vital para su sostenimiento durante la vejez, y, de no retornar a Colpensiones, se ven abocadas a seguir trabajando indefinidamente o a perder sus bienes.
Los argumentos para ensañarse contra el adulto mayor y, en suma, para no hacer valer sus derechos fundamentales, en este caso, a recibir información veraz y a tener una pensión digna, son de la más absoluta mezquindad. El sector financiero, el gran beneficiado con este negocio, opta por la vía más fácil: niega los engaños, afirma que se trata de casos aislados o de falsas denuncias. Sin embargo, las multitudinarias quejas y demandas corroboran lo contrario. El engaño fue masivo y sistemático. Para colmo, con total desfachatez, las AFP acusan a los afectados de irresponsables básicamente por no haber sabido que los engañaban.
Por su puesto, el CD corre en auxilio de su aliado, el sector financiero, para lo cual, de repente, pretende aparecer como el gran adalid y campeón de la justicia social en Colombia. Para ello, aducen que hay personas con altos salarios que se beneficiarían con un retorno a Colpensiones, lo cual encuentran sumamente preocupante y, sobre todo, inequitativo. Llama la atención que los altos salarios del gobierno y del Congreso, que también se pagan con impuestos, no sean objetados por esos mismos congresistas. Todo lo contrario, son ellos, precisamente, quienes se han opuesto a cualquier iniciativa que reduzca sus ingresos, y, últimamente, a que les sean sustraídos los gastos de representación, esto es, los catorce millones de pesos mensuales que en época de pandemia no están utilizando –mientras no pierden ocasión para arremeter contra el salario mínimo de los colombianos, que, según su Ministro de Hacienda, es “ridículamente alto”–. De tal manera que su preocupación por aliviar el presupuesto nacional, no es más que otra de sus incontables hipocresías.
Por lo demás, si entre los perjudicados por esta estafa se encuentran personas con altos salarios, cabe recordarle, a estos olvidadizos congresistas, que, bajo el principio de la igualdad ante la ley, los derechos fundamentales deben ser respetados sin discriminación por rango salarial. Y, de todos modos, digamos la verdad: la mayoría de los engañados por las AFP son personas que aportan sobre uno, dos o tres salarios mínimos, pues esos son los montos de casi todos los trabajadores cotizantes del país.
Por último, los congresistas del CD y de las otras bancadas que se oponen al proyecto, presentan un argumento que ellos consideran como la panacea, y, por ello, irrefutable e incontrovertible: el costo fiscal de dichos traslados. Pero callan que éstos incluirían los ahorros de los cotizantes, más los cobros por administración e intereses. Este argumento, el de la sostenibilidad fiscal, es el que seguramente esgrimirán en el Foro convocado para debatir la conveniencia de dicha ley. La iniciativa es del senador Gabriel Velasco, quien con “mano firme y corazón grande”, únicamente invitó, con nombre propio, a Asofondos, el Ministerio de Hacienda y el del Trabajo; en otras palabras, al sector financiero, primer interesado en retener a sus víctimas, y al gobierno uribista, principal aliado de las AFP.
En fin, allá ellos si quieren sentarse a discutir sobre la conveniencia del proyecto de ley para cambio de régimen, pues los ciudadanos saben, de antemano, a quienes sí les conviene (las víctimas) y a quienes no (sus victimarios). En todo caso, no sea que, en medio de la discusión, se les pase por alto este detalle: la ley prohíbe que se le niegue un derecho fundamental a un ciudadano con argumentos de sostenibilidad fiscal:
“… bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”. (Constitución Política, parágrafo art. 334. Título 12 del Régimen Económico y de Hacienda Pública. Modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de 2011).
A pesar de la existencia de esta ley, sabemos a qué intereses económicos sirven Uribe y su partido, y cómo actúan frente a las normas que obstruyen sus particulares aspiraciones. En gavilla, junto con el sector financiero y congresistas de otras bancadas, con la agresividad de tiburones hambrientos, volverán a arremeter despiadadamente contra los adultos mayores para no soltar su presa. Es indescriptible el dolor que padecen los afectados cada vez que se reiteran estos ataques. Varios manifiestan sentirse como si estuvieran secuestrados; sufrir una angustiosa sensación de vulnerabilidad ante un enemigo que se aprovecha de su enorme poder político, económico y sobre los medios masivos de comunicación para estafarlo en su vejez; mientras no encuentran en el sistema los suficientes recursos para defenderse. Y no los encuentran porque dicho sistema se ha adecuado para mantener los privilegios de sus victimarios.
Pues bien, Uribe, ahora en detención domiciliaria, con el apoyo de su disciplinado partido, acude presto, a cuidar los huevitos; pero los de la gallina de los huevos de oro de Sarmiento Angulo, Bojanini y demás dueños de las AFP. Por lo menos, todo este horrible espectáculo está sirviendo para que las víctimas de las AFP, que, por cierto, pertenecen a todos los partidos, así como sus familiares y allegados, abran los ojos, y se den cuenta de quiénes son los que defienden sus derechos y la ley, y quiénes no. Por eso, a los afectados por los atropellos que el uribismo ampara, les consta, en carne propia, que Uribe ha sido y es un Matarife de pensiones y de derechos sociales. Y saben a ciencia cierta que esto no es amarillismo. Pueden dar testimonio de que, por cuenta de Uribe, corre buena parte de la responsabilidad por el sufrimiento de miles de colombianos honrados, con vidas profesionales meritorias, muchos de los cuales un día confiaron en él, creyendo ingenuamente que volver a transitar por las carreteras de Colombia era suficiente beneficio. Hoy saben, con dolor, cuál fue el precio. Por eso, cuando la gente proteste en las calles y haga sonar sus cacerolas porque las instituciones no garantizan sus legítimos derechos (por cierto, últimamente con el nutrido apoyo de adultos mayores, ya sabemos por qué), y, sobre todo, cuando se concrete el retroceso electoral que se avecina para el desacreditado CD, el uribismo no podrá escudarse en el Grupo de Rio, las Farc, o en una conspiración del comunismo internacional y del Socialismo del Siglo XXI. La responsabilidad será del nefasto proceder del Matarife y sus secuaces contra las personas laboriosas de este país, de distintas clases sociales y diverso credo político, cansadas de tanto abuso y sevicia; muchas de ellas, antiguas seguidoras de Uribe, pero ya no dispuestas a repetir el error de confiar en su verdugo.
